En defensa de los recursos del sector
Nadie discute que el país requiere modernizar sus puertos marítimos, aeropuertos, vías férreas y carreteras para interconectar el territorio nacional y facilitar la comercialización de productos con otros países, pero no a costa de las inversiones en agua potable, alcantarillado y aseo, tal como lo propuso Fedesarrollo el pasado 17 de agosto al solicitarle al gobierno nacional que modifique la Ley 715 de 2001 para que se liberen los recursos de las transferencias de propósito general, al sector de la construcción de infraestructura vial y portuaria.
La situación del sector agua potable y saneamiento básico en el país, es totalmente deficitaria y afecta a una gran masa de la población y precisamente a los sectores sociales y a las regiones mas deprimidas del país. Cada peso que se deja de invertir en agua potable, alcantarillado y aseo, se traduce en más pobreza, obligando a mayores inversiones en atención en salud y reducción de la productividad.
De acuerdo al documento CONPES 3343 de marzo de 2005, en materia de agua potable y saneamiento básico, en Colombia, el 28% de los municipios no cuenta con agua potable y el 40% no posee alcantarillado y más del 50% de los municipios disponen sus residuos en botaderos a cielo abierto, enterramientos, cuerpos de agua superficiales o realizan quemas no autorizadas y el costo total anual promedio en salud publica que generan las inadecuadas condiciones de abastecimiento de agua y el saneamiento y la higiene, le cuestan al país $1,96 billones.
El monto promedio de las inversiones que se han venido ejecutando en los últimos once (11) años en Colombia en infraestructura de transporte (carreteras, vías férreas, pistas de aterrizaje y puertos), es aproximadamente del orden de $ 2,2 billones anuales (pesos del 2004) (informe “La infraestructura de Transporte en Colombia” FEDESARROLLO agosto 17 de 2005).
Es decir que el costo de las inadecuadas condiciones de agua potable, saneamiento básico e higiene, le cuestan al país una cifra similar a las de las inversiones anuales en la infraestructura de transporte, lo que nos indica la gravedad del problema de las deficiencias en agua potable, saneamiento e higiene, con el agravante de que es un problema en crecimiento en las grandes ciudades por los fenómenos de desplazamiento.
El Documento CONPES 3305 de agosto de 2004, indica que en los próximos 10 años, la población urbana será de 40 millones de habitantes y la zona rural de 10 millones, lo cual implica que los asentamientos subnormales en las grandes ciudades se crecerán, presionando la dotación de agua potable y alcantarillado. En la actualidad se identifican 1,3 millones de hogares urbanos en Colombia en situación de precariedad habitacional, es decir sin servicios públicos esenciales. (CONPES 3305 de 2004)
Los recursos para el tratamiento de las aguas residuales están embolatados. De acuerdo al documento CONPES 3177 de julio de 2002, para tratar las aguas residuales de 300 municipios colombianos se requieren de aproximadamente US $ 3400 millones y las proyecciones de recursos disponibles en los próximos diez (10) años solo son de US $ 700 millones, para un déficit de US$ 2700 millones.
Dentro de los US $ 700 millones disponibles en 10 años para la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales, el DNP contabilizo los recursos de las transferencias de propósito general contenidos en el artículo 78 de la Ley 715 de 2001, como aporte de los Municipios y algunos recursos del fondo nacional de regalías-FNR. Sobre estos recursos del FNR, también propone FEDESARROLLO que deben trasladarse temporalmente para la construcción de infraestructura de transporte.
En el análisis, no se puede perder de vista que el Gobierno Nacional, se comprometió con las “Metas de Desarrollo del Milenio MDM-2015”, pactados bajo la coordinación de Naciones Unidas, el Banco Mundial, el FMI y la OCDE y contenidas en el documento CONPES Social 91 de marzo de 2005, en el cual define que en el periodo 1990- 2015 incorporará a la infraestructura de acueducto por lo menos a 7,7 millones de nuevos habitantes urbanos y 9,2 al alcantarillado urbano, en la zona rural el compromiso es de incorporar 2,3 millones de habitantes a abastecimiento de agua y 1,9 millones de habitantes a saneamiento básico.
No obstante que la aplicación de la Ley 142 de 1994, ha permitido mejoras en la cobertura de la prestación de los servicios públicos básicos de acueducto y alcantarillado, tal como lo precisa el documento CONPES 3246 de septiembre de 2003, las necesidades de inversión en agua potable y saneamiento básico son altas y en crecimiento.
ACODAL Seccional Occidente, manifiesta públicamente el respaldo a la decisión del gobierno Nacional de no gestionar modificación de la Ley 715 de 2001 en lo que respecta a las transferencias de propósito general, donde se encuentran los recursos para agua potable y saneamiento básico, para entregarlas a las necesidades de la infraestructura de transporte, en consideración a que no ve la racionalidad de esta pretensión.
ACODAL SECCIONAL OCCIDENTE
Santiago de Cali, 5 de Septiembre de 2005
