No todo es corrupción por: Maryluz Mejía de Pumarejo
Requerimos reglas en todos los ámbitos, dada la necesidad de contar con participación privada en proyectos para atender zonas de debilidad del Estado.
Octubre 26 de 2016 09:26 p.m.
Son muchos los retos que le esperan a Colombia en el posconflicto. En repetidas oportunidades, el ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, ha manifestado la importancia de contar con el sector privado para adelantar los proyectos definidos en la estrategia de ‘Respuesta Rápida’, y más aún para la denominada ‘Agenda Transformadora’.
Los proyectos de ‘Respuesta Rápida’ ya se encuentran en marcha y esperamos que en ellos se incluya la oferta de equipos e instalaciones de emergencia que permitan el acceso al agua potable y al saneamiento básico para los grupos que dejan las armas y a los campesinos que habitan las zonas de concentración.
La participación de los inversionistas privados en los proyectos estatales nace de su confianza en el Gobierno Nacional y en los territoriales. Esta confianza se encuentra actualmente disminuida por las denuncias sobre corrupción en distintas esferas. Si bien las denuncias no siempre llegan a los estrados judiciales, algo hay que hacer para evitar que se siga perdiendo credibilidad en la transparencia de los procesos de contratación.
Hoy, más que nunca, requerimos reglas de juego claras en los ámbitos jurídicos, técnicos y financieros, dada la necesidad de contar con la participación privada en los proyectos que permitan atender las zonas donde ha sido muy débil la actuación del Estado y los privados.
Si bien todo no es corrupción, hay que demostrar con mayor claridad que, para mejorar las condiciones de vida, los ingresos y el empleo de los grupos de población en condición más precaria, los recursos se van a destinar a obras con el mayor grado de calidad.
Existen las condiciones para recuperar la confianza golpeada por los escándalos. La mezcla de recursos de cooperación internacional, del presupuesto nacional y de créditos de la banca multilateral exigen procesos licitatorios donde tengan cabida la mediana y pequeña empresa. De ahí la importancia de contar con una amplia información sobre los requerimientos de proyectos y las zonas donde estos serán adelantados. No siempre las grandes empresas con altos costos fijos son las más interesadas en desarrollar proyectos en pequeños poblados.
En particular, deben abrirse las puertas a la pequeña ingeniería de consultoría de diseño, construcción e interventoría para proyectos dirigidos a las zonas de concentración que demandan agua y saneamiento.
Preocupa que primen las discusiones de temas relacionados con corrupción, puesto que es necesario que el sector privado, uno ya consolidado y otro por consolidar, ingresen a la oferta de las estrategias ofrecidas, como respuestas rápidas en la agenda transformadora para proyectos que se desarrollarán durante los próximos 10 años.
Lo urgente no puede ir en contravía de lo importante: la superación de brechas de cobertura y calidad entre las ciudades grandes y medianas en acceso a agua en condiciones de calidad y continuidad es tema que merece una planificación que asegure proyectos de alto impacto.
De igual manera, las infraestructuras de abastecimiento de agua para riego de la pequeña y mediana propiedad agrícola deben ser programadas con base en un juicioso análisis de la oferta hídrica.
La dotación o el mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento para viviendas aisladas y el desarrollo intensivo de la agricultura son condiciones indispensables para asegurar el progreso.
De ahí la importancia de planes integrales en los territorios que serán atendidos con prioridad y donde habitan unos siete millones de personas –cerca del 12% de la población nacional–, según el Ministerio del Posconflicto. Atender a esta población puede tener mayores costos per cápita a los registrados en zonas urbanas donde la densidad permite aprovechar economías de escala. Este y otros múltiples retos son los que deben preocupar a la sociedad colombiana.
Es de esperarse que, una vez se pongan en marcha mecanismos más expeditos, aplicables y controlables frente a fenómenos de corrupción, se les dé prioridad a las estrategias para el posconflicto y sean el centro de los debates.
Ya suenan las campanas que llaman a nuevas elecciones, pero el sector privado y la sociedad civil tenemos mucho por discutir para lograr proyectos de calidad aprovechando las oportunidades que se abren con base en lo establecido en la Reforma Tributaria recientemente sancionada (Ley 1819 de 2016) que crea una figura denominada Obras por Impuestos. Esta figura permite a las empresas escoger y ejecutar una obra a cambio de un impuesto, a partir de una lista de proyectos priorizados por el Gobierno Nacional. En general, este mecanismo permitirá, a una empresa privada individualmente, en consorcio o en unión temporal, financiar y ejecutar proyectos públicos y recuperar la inversión vía el impuesto de renta.
Igualmente, la Reforma Tributaria establece otros beneficios tributarios para las empresas que se instalen en las ‘zonas más afectadas por el conflicto’ (Zomac), incentivos que consisten en alivios hasta el año 2027 en el pago del impuesto de renta.
Maryluz Mejía de Pumarejo
Presidente Ejecutiva de Acodal
